El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su plataforma Truth Social para anunciar que la población sin hogar de Washington, D.C. debe “moverse inmediatamente”, prometiendo alojamientos, pero “lejos de la capital”, mientras que los “criminales” serán encarcelados “muy rápido, como en la frontera”.

Esta declaración se produce en medio de críticas por parte de la alcaldesa Muriel Bowser, quien insiste en que la ciudad “no enfrenta un repunte del crimen”; de hecho, los delitos violentos han caído un 26 % y la incidencia general en un 7 % en los primeros siete meses de 2025, respecto al año pasado.

El anuncio anticipa una rueda de prensa para el lunes, donde Trump detallará un plan que incluiría un mayor despliegue federal en D.C. e incluso la posibilidad de asumir un control más directo sobre la ciudad.

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No obstante, el gobierno no ha explicado bajo qué autoridad legal pretende expulsar a personas sin hogar, dado que solo controla terrenos federales dentro de la ciudad.

Además, esta medida se suma a una orden ejecutiva que impulsa el desalojo de campamentos de personas sin hogar, el fomento de entornos institucionalizados como solución, y la priorización de subvenciones federales para ciudades que cumplan estas directrices, al tiempo que suspende fondos a espacios de consumo supervisado de drogas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado estas acciones, advirtiendo que podrían violar derechos civiles y agravar la crisis de vivienda.