La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles por considerar que sus políticas migratorias de “ciudad santuario” interfieren con la aplicación de la ley federal.

El escrito legal, interpuesto ante el Tribunal del Distrito Central de California, señala directamente a la alcaldesa Karen Bass, al concejo municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson, como responsables de establecer normas que obstaculizan el trabajo de las agencias federales de migración.

La demanda cita como fundamento la ordenanza ‘Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement’, firmada por Bass en diciembre de 2024.

Este ordenamiento prohíbe el uso de recursos municipales en operativos de inmigración federales, lo que, según la Fiscalía, ha contribuido a crear un “entorno anárquico e inseguro”.

El fiscal federal Bill Essayli acusó a la ciudad de proteger deliberadamente a migrantes sujetos a deportación y de dificultar la labor del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El gobierno federal sostiene además que la ciudad ha promovido actos de resistencia y disturbios contra los operativos migratorios, incluidos episodios de violencia contra agentes federales.

También acusa a Los Ángeles de discriminar a las autoridades federales al restringirles el acceso a recursos municipales y de cometer obstrucción a la justicia.

La demanda se produce en el contexto de una nueva etapa de redadas en California, que ya suman cuatro semanas de duración. En respuesta a las protestas ciudadanas, el presidente Trump ordenó el despliegue de 4 mil soldados de la Guardia Nacional en la entidad, sin el consentimiento del gobernador estatal.

Aunque Los Ángeles formalizó su carácter de ciudad santuario en meses recientes, su Policía mantiene desde hace casi cinco décadas una política interna que impide a los agentes detener a personas únicamente para verificar su estatus migratorio.