El gobierno del presidente Donald Trump autorizó la entrega al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los datos personales de millones de personas inscritas en Medicaid, incluidos inmigrantes con estatus irregular, como parte de una ofensiva más amplia contra la migración.

La medida, revelada por The Associated Press, se produjo pese a la oposición de funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), quienes advirtieron posibles violaciones a leyes federales como la Ley de Privacidad de 1974.

Documentos internos y correos electrónicos muestran que altos asesores del secretario de Salud ordenaron la transferencia de los datos, que incluyen nombres, direcciones, números de seguro social y registros de atención médica.

La información proviene de estados como California, Illinois, Washington y el Distrito de Columbia, que ofrecen cobertura médica estatal a personas no ciudadanas financiada con fondos locales. La transferencia coincidió con un aumento de redadas migratorias en el sur de California, según autoridades locales.

Diversas voces, entre ellas la del gobernador de California, Gavin Newsom, y legisladores demócratas, expresaron su preocupación por el uso potencialmente ilegal y punitivo de esta información.

Argumentaron que el acto vulnera la confianza en los servicios públicos y disuade a comunidades vulnerables de buscar atención médica por temor a la deportación. Expertos indicaron que los datos también podrían ser utilizados para frenar procesos de legalización migratoria en curso.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos defendió su actuación alegando que los datos se compartieron legalmente para garantizar que los beneficios del Medicaid se otorguen sólo a personas con derecho legal a recibirlos.

No obstante, exfuncionarios de los CMS calificaron la medida como inusual y preocupante, debido al riesgo jurídico para los estados y el posible impacto negativo en la salud pública. La iniciativa se enmarca en la orden ejecutiva de Trump para “terminar con el subsidio a las fronteras abiertas”, firmada en febrero pasado.