En un momento de máxima tensión entre la Casa Blanca y los gobiernos demócratas locales, el presidente Donald Trump volvió a colocar la política migratoria en el centro de la confrontación nacional. Durante un acto en Nueva Jersey, el mandatario acusó al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, de “violar la ley federal” al mantener políticas de no cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y aseguró que ambos “deberían estar en prisión”.
Las declaraciones se producen días después de que Chicago oficializara un decreto que establece zonas libres de ICE, espacios públicos como escuelas, parques y bibliotecas donde los agentes migratorios no pueden operar sin una orden judicial, lo que la convierte en la primera gran ciudad del país en formalizar esa figura. La medida amplía las políticas de santuario que la urbe mantiene desde hace más de una década y que limitan la colaboración entre autoridades locales y federales en materia de detenciones de inmigrantes.
El discurso de Trump, amplificado por su red social Truth Social, elevó el tono de una disputa que trasciende la frontera de Illinois. En su mensaje, el presidente sostuvo que las ciudades que se niegan a cooperar con ICE “ponen en riesgo a los estadounidenses” y prometió sanciones federales contra cualquier administración local que obstaculice operativos migratorios.
Horas después, el alcalde Brandon Johnson respondió desde el Ayuntamiento: “Ningún presidente puede encarcelar a una ciudad por proteger los derechos humanos. Chicago no va a retroceder”. A su vez, el gobernador J. B. Pritzker calificó las palabras de Trump como “una amenaza autoritaria sin precedentes” y anunció que el estado interpondrá recursos legales si la administración federal intenta intervenir en su jurisdicción.
Ambos funcionarios recordaron que las zonas libres de ICE buscan garantizar la seguridad de comunidades migrantes ante las redadas masivas y detenciones arbitrarias que se intensificaron desde el regreso de Trump a la presidencia. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, en 2024 se registraron más de 142 000 detenciones migratorias en Estados Unidos, un aumento del 18 % respecto al año anterior.
Escalada política
El conflicto ha escalado más allá del terreno jurídico. Analistas consideran que la ofensiva de Trump busca reforzar su base política entre votantes conservadores, mientras que los gobiernos locales demócratas la interpretan como un intento de someter a los estados a la agenda federal. En Illinois, organizaciones civiles y defensoras de migrantes advirtieron que cualquier intento de intervención directa podría violar la autonomía estatal consagrada en la Constitución.
La confrontación entre Trump y Chicago reaviva un viejo pulso sobre el equilibrio de poder en Estados Unidos: el derecho de las ciudades a definir su política migratoria frente a un gobierno federal que ha hecho de la deportación una bandera política.