La Casa Blanca y sus aliados anunciaron el inicio de una ofensiva contra lo que califican como la “izquierda radical”, a la que acusan de fomentar violencia política y “terrorismo” en Estados Unidos.

Según medios locales, el gobierno de Donald Trump y legisladores afines preparan investigaciones contra organizaciones, donantes e individuos que presuntamente promuevan estas acciones, con la aparente elaboración de una lista de opositores.

La ofensiva comenzó tras el asesinato de Charlie Kirk, un organizador ultraderechista, ocurrido la semana pasada. Aunque el presunto atacante, Tyler Robinson, es un joven anglosajón de familia republicana y sin vínculos conocidos con redes políticas, Trump y sus colaboradores lo atribuyeron a la “izquierda radical”.

El presidente advirtió que podrían presentar cargos contra quienes “financian la agitación” y amenazó con perseguir a fundaciones como Open Society, de George Soros, y la Fundación Ford, además de calificar a ciertos grupos como “terroristas domésticos”.

Altos funcionarios como Stephen Miller y el vicepresidente JD Vance han prometido utilizar todos los recursos del gobierno para “desmantelar” esas redes. La vocera Abigail Jackson acusó a organizaciones progresistas de orquestar ataques y disturbios, mientras el Departamento de Seguridad Interna denunció que la “retórica odiosa” hacia Trump y sus seguidores estaría inspirando violencia.

En paralelo, medios y académicos críticos han reportado despidos, investigaciones y presiones, como el caso de profesores de Berkeley y Brooklyn College, y la destitución de una columnista del Washington Post.

El endurecimiento de la retórica ha despertado temores de un regreso a prácticas represivas como el macartismo de los años cincuenta. Más de 100 organizaciones filantrópicas, entre ellas Ford y Open Society, rechazaron los intentos de usar la violencia política como pretexto para limitar la libertad de expresión.

Incluso figuras de derecha como Tucker Carlson expresaron alarma ante un posible avance de leyes que restrinjan la disidencia, mientras investigaciones previas del propio Departamento de Justicia han señalado que la mayoría de los ataques violentos domésticos provienen de la extrema derecha, no de la izquierda.