La segunda Administración de Donald Trump ha iniciado esta semana en Chicago una ofensiva legal contra el movimiento santuario, el cual protege a migrantes en diez estados y varias jurisdicciones locales.

Como parte de su estrategia, el gobierno ha presentado una demanda contra el estado de Illinois y la ciudad de Chicago, que cuentan con algunas de las normativas más sólidas en la protección de inmigrantes indocumentados.

La Casa Blanca también ha ordenado la retención de recursos federales para aquellas administraciones que mantengan estas políticas.

El Departamento de Justicia (DOJ) argumenta que las leyes locales de Chicago obstaculizan la aplicación de las normas migratorias federales y solicita a un juez que anule las disposiciones que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La demanda se dirige particularmente contra la Ley de Confianza de Illinois (TRUST) de 2017, la cual restringe la colaboración de la policía estatal y local en asuntos migratorios, salvo en casos en los que exista una orden penal federal.

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Líderes locales y defensores de los migrantes han rechazado la acción legal del gobierno federal.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, aseguró que el estado defenderá sus leyes, mientras que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, reiteró que la ciudad seguirá siendo un lugar acogedor para los migrantes.

La presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, también reafirmó su compromiso con la defensa de las políticas de protección a los inmigrantes.

El enfrentamiento entre la administración Trump y las ciudades santuario no es nuevo.

Durante su primer mandato, intentó sin éxito bloquear las protecciones en California, pero su impugnación fue rechazada por la Corte Suprema en 2020.