El gobierno de Donald Trump anunció un agresivo plan para abordar la migración en la frontera con México, que incluye el despliegue de hasta 10 mil tropas militares activas, la duplicación de la capacidad de los centros de detención de migrantes y la implementación de órdenes para negar el derecho al asilo a quienes crucen de manera no autorizada.

La Casa Blanca, mediante su secretaria de prensa Carolina Leavitt, confirmó que se enviarán mil 500 soldados adicionales para apoyar a la Patrulla Fronteriza, que ya cuenta con dos mil 200 efectivos en la región.

Un memorándum interno de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reveló que esas tropas podrían desempeñar funciones como la detención de migrantes en bases militares y el transporte de los detenidos.

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Además, el Departamento de Justicia creó un “equipo de trabajo sobre ciudades santuario” que investigará a funcionarios locales que desafíen las políticas federales de inmigración.

La medida se suma a la orden ejecutiva que suspende fondos federales a las ciudades que no colaboren con las autoridades migratorias.

Se reporta que los agentes de la Patrulla Fronteriza han recibido instrucciones para deportar rápidamente a los migrantes, sin permitirles acceso a un juez de inmigración.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda para frenar esas acciones, argumentando que violan derechos fundamentales.

Legisladores del caucus Progresista han condenado las políticas de Trump, instando a buscar soluciones efectivas en lugar de generar miedo y caos.