Las redadas militarizadas contra inmigrantes en Los Ángeles y otras ciudades son consecuencia directa de nuevas órdenes de la Casa Blanca para extender las detenciones más allá de “criminales” hacia todo indocumentado donde se encuentre.

El presidente Donald Trump confirmó este martes que la estrategia se replicará a nivel nacional, justificando incluso el despliegue de cuatro mil tropas de la Guardia Nacional y 700 marines en California.

La ofensiva fue diseñada por el asesor presidencial Stephen Miller, quien instruyó a ICE a realizar arrestos masivos en sitios donde suelen congregarse trabajadores, como tiendas 7-Eleven y estacionamientos.

Con una meta diaria de tres mil detenidos, los operativos han provocado una ola de protestas en al menos 25 ciudades del país, entre ellas Nueva York, San Francisco, Atlanta, Dallas y Chicago.

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Aunque en su mayoría pacíficas, el gobierno federal ha respondido con fuerza, acusando a manifestantes de violencia y justificando acciones militares.

En Los Ángeles, las protestas continúan, pese a las declaraciones de Trump que afirman haber “doblegado” a los manifestantes.

La alcaldesa Karen Bass decretó toque de queda parcial, mientras el gobernador Gavin Newsom calificó la militarización como “ilegal” y acusó a Trump de actuar como un dictador.

El Pentágono estima en más de 134 millones de dólares el costo del despliegue. Mientras tanto, aumentan los reportes de periodistas agredidos, arrestos de líderes comunitarios y restricciones a legisladores para ingresar a centros de detención.

La oposición crece, en especial ante la baja aprobación pública para deportar a personas sin antecedentes criminales. Trump, sin embargo, sigue endureciendo su discurso y advirtió que cualquier protesta futura será enfrentada con “una fuerza mayor”.