El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó revisar el estatus de protección de los lobos grises y los lobos grises mexicanos bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, en una medida que busca atender las demandas de productores ganaderos que atribuyen pérdidas de ganado a estos animales.

La orden ejecutiva instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar en un plazo de 90 días si ambas poblaciones aún cumplen con los requisitos para permanecer bajo protección federal.

La administración Trump sostiene que la revisión forma parte de una estrategia para respaldar a los rancheros afectados por conflictos con lobos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas cuestionaron la decisión y advirtieron que reducir las medidas de protección podría afectar los esfuerzos de recuperación de estas especies.

Durante su primer mandato, Trump ya había impulsado la eliminación de los lobos grises de la lista federal de especies en peligro de extinción. Aquella decisión fue posteriormente anulada por un tribunal, lo que permitió que las protecciones volvieran a aplicarse.

Los grupos conservacionistas también señalaron que existen programas estatales y federales mediante los cuales los ganaderos pueden recibir compensaciones por las pérdidas ocasionadas por la depredación de lobos. Además, algunas autoridades de vida silvestre financian acciones preventivas, como retirar animales muertos y mantener vigilancia sobre los rebaños.

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en el lobo gris mexicano. De acuerdo con cifras del Grand Canyon Wolf Recovery Project, alrededor de 317 ejemplares permanecen en libertad, una población que continúa enfrentando problemas relacionados con su diversidad genética.

Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center, sostuvo que el conflicto no debe centrarse en eliminar las protecciones de los lobos mexicanos, sino en fortalecer estrategias que permitan prevenir ataques al ganado sin recurrir a medidas letales.

La decisión final sobre el futuro de las protecciones quedará en manos del Departamento del Interior, que deberá evaluar durante los próximos 90 días la situación de ambas poblaciones y determinar si cumplen con los criterios establecidos por la legislación estadounidense.