La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema que permita reanudar la construcción del muro y otras obras de seguridad fronteriza en la región de Big Bend, Texas, luego de que una jueza federal ordenara detener los trabajos por cuestionamientos legales y ambientales.

El Departamento de Justicia presentó un recurso de emergencia para que el máximo tribunal revoque la medida que impide continuar con el proyecto, ubicado en una franja de aproximadamente 800 kilómetros de la frontera con México.

El Gobierno estadounidense argumenta que la suspensión obstaculiza sus esfuerzos para frenar el cruce irregular de migrantes y el tráfico de drogas. En su petición, sostiene que las barreras son necesarias para reforzar la seguridad en una zona que considera estratégica.

El proyecto tiene un costo estimado de mil 700 millones de dólares e incluye caminos, cámaras de vigilancia, sensores y barreras para vehículos, además de infraestructura destinada al control fronterizo.

La construcción fue frenada por una orden judicial emitida en octubre, después de que organizaciones ambientalistas y otros demandantes cuestionaran las facultades del Gobierno para eximir las obras del cumplimiento de diversas leyes, entre ellas disposiciones relacionadas con la protección ambiental.

Los opositores advierten que los trabajos podrían afectar la biodiversidad, los hábitats de especies amenazadas, los sitios arqueológicos y el acceso al río Bravo. También cuestionan la necesidad de extender las barreras en una región que registra una proporción reducida de las detenciones de migrantes en la frontera suroeste estadounidense.

El caso coloca nuevamente en disputa la política fronteriza de Trump y las facultades del Ejecutivo para acelerar la construcción de infraestructura mediante excepciones legales. La decisión de la Corte Suprema determinará si las obras pueden continuar mientras sigue el litigio.