El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves una nueva ofensiva para restringir la ciudadanía automática por nacimiento, apenas unas semanas después de que la Corte Suprema rechazara su intento previo de modificar ese derecho protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
La Casa Blanca anunció la firma de dos órdenes ejecutivas enfocadas en limitar el acceso a la ciudadanía en determinados casos y combatir la llamada “industria del turismo de parto”, mediante la cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. Las medidas instruyen a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a diseñar políticas para perseguir redes y servicios que promuevan esta práctica. Según la administración Trump, las nuevas disposiciones se apoyan en excepciones legales reconocidas por la propia Corte Suprema, especialmente en casos relacionados con fraude migratorio o uso indebido de visas temporales. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional anticipan que las órdenes enfrentarán impugnaciones inmediatas en los tribunales federales.
El movimiento representa el segundo intento de Trump de restringir la ciudadanía por nacimientodesde el inicio de su segundo mandato. El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema le propinó un fuerte revés al declarar inconstitucional la orden ejecutiva que había firmado en 2025 para negar la ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no fueran ciudadanos o residentes permanentes legales. En una decisión de 6 votos contra 3, el máximo tribunal sostuvo que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en suelo estadounidense, salvo excepciones muy limitadas, y recordó que ese principio ha sido respaldado desde el histórico caso United States v. Wong Kim Ark de 1898. La resolución dejó intacta una de las protecciones constitucionales más consolidadas del sistema estadounidense.
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, y establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”. Ese principio ha permanecido vigente durante más de un siglo y medio y, por ahora, sigue siendo la ley aplicable en todo el país pese a los nuevos intentos de la administración Trump por restringir su alcance.