La justicia de Uganda autorizó la extradición a Estados Unidos de Michael Katungi Mpeirwe, un teniente retirado del ejército de ese país señalado por su presunta participación en una operación internacional para suministrar armamento a organizaciones criminales mexicanas.

Katungi es requerido por autoridades estadounidenses para enfrentar cargos relacionados con una supuesta conspiración de tráfico de armas y drogas. Entre los grupos que presuntamente recibirían el armamento se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la acusación estadounidense, la operación contemplaba armas y equipo militar valuados en aproximadamente 54 millones de dólares. El arsenal habría incluido ametralladoras, rifles de francotirador, lanzacohetes, granadas, minas antipersona, equipos de visión nocturna y sistemas de defensa antiaérea.

Las investigaciones sostienen que el grupo habría utilizado documentación falsa para ocultar el destino real de las armas. Como parte de la operación, presuntamente se consiguió un certificado que señalaba que un cargamento de 50 rifles AK-47 sería destinado exclusivamente al ejército de Tanzania, aunque las autoridades estadounidenses sostienen que el objetivo final era hacer llegar las armas al CJNG.

Katungi habría utilizado sus contactos en Uganda y otros países africanos para facilitar la obtención de documentos necesarios para las operaciones de compraventa y traslado del armamento.

La acusación también señala que los involucrados planeaban ampliar considerablemente el negocio y concretar operaciones por alrededor de 53.7 millones de euros, incluyendo drones, sistemas antidrones y armas capaces de atacar aeronaves.

El exmilitar fue detenido en Uganda en junio pasado después de que Estados Unidos solicitara formalmente su extradición. Otros presuntos integrantes de la conspiración, de nacionalidades búlgara, keniana y tanzana, también enfrentan procesos relacionados con el caso.

Además de los cargos por armas, Katungi es acusado en Estados Unidos de conspiración para traficar cocaína y de proporcionar apoyo material a una organización considerada terrorista por ese país.

La decisión judicial abre el camino para que el exmilitar sea entregado a las autoridades estadounidenses, aunque los señalamientos en su contra corresponden a acusaciones que deberán ser acreditadas ante un tribunal.