La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, actualmente vinculado al certamen de Miss Universo, informó un funcionario federal a The Associated Press bajo condición de anonimato.
Esta medida se produce días después de que se diera a conocer que Rocha Cantú era sujeto de una orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque el empresario se habría incorporado al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR). La orden fue emitida el 15 de noviembre en la causa penal 495/2025, relacionada con supuestas operaciones para el Cártel del Golfo y el grupo Sombra de Veracruz, además de presuntas actividades de “huachicol” desde Guatemala.
La fiscalía mexicana ha señalado que Rocha forma parte de un grupo de 13 personas bajo investigación por estos ilícitos. Entre las pruebas, se reporta que una de las empresas vinculadas al empresario habría denunciado el robo de 100 armas de fuego y dos camionetas en 2019. También se investigan operaciones de combustible robado facturado a través de empresas fantasma en Querétaro para introducirlo al mercado formal.
A nivel internacional, un tribunal de Tailandia emitió el 25 de noviembre una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por presunto fraude cercano a un millón de dólares, vinculado a la venta del 50% de las acciones a Rocha Cantú.
En México, documentos oficiales indican que empresas de Rocha Cantú recibieron contratos millonarios de Petróleos Mexicanos en 2023, por un total superior a 1,900 millones de pesos, mientras que uno de esos contratos coincidió con la presencia de Bernardo Bosch, padre de la actual Miss Universo Fátima Bosch, como asesor en Pemex Exploración y Producción.
El empresario también estuvo relacionado con el caso del Casino Royale en Monterrey, atacado en 2011 con un saldo de 52 muertos. Baltazar Saucedo Estrada, considerado autor intelectual del atentado, fue condenado en julio pasado a 135 años de prisión.
Las autoridades mantienen bajo investigación las operaciones financieras y empresariales de Rocha Cantú, mientras la UIF mantiene congelados sus recursos en México, en medio de un proceso que combina delitos locales e implicaciones internacionales.