El periodista Carlos Loret de Mola no es investigado, sin embargo, sí al consorcio del que forma parte el medio de comunicación LatinUS, por lavado de dinero y corrupción, informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF señaló que “la denuncia contra LatinUS no lleva incluido a ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad”.

A su vez, descartó que la investigación se trate de persecuciones.

“No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno y lo digo así porque la aplicación del artículo séptimo es parejo”, comentó.

La investigación por lavado de dinero y corrupción es al consorcio que encabeza Cristian González Guadarrama y que lo conforman Latinus Media Group, LatinUS Media Radio, LatinUS Media Hub S.A. de C.V, BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V.

Te puede interesar: Investigación de la UIF contra Loret de Mola se expondrá en la “mañanera”

La semana pasada, el periodista Carlos Loret de Mola denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación en contra él, contra su esposa Berenice Yaber, y contra Víctor Trujillo “Brozo”.

Pablo Gómez explicó que BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V. obtienen recursos de entidades públicas.

“Todos sus ingresos vienen de entidades públicas, esas entidades públicas reciben, a cambio… se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso”, explicó.

Y especificó que Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo y Estado de México son algunas de las entidades de donde proceden los recursos.

A la empresa BCG Limited Consulting, el gobierno de Nuevo León dio pagos directos por 29 millones 26 mil 707 pesos; el de Sinaloa por 15 millones 80 mil pesos, y el de Tamaulipas por cuatro mil 200 millones de pesos.

Los gobiernos del Estado de México pagaron mil 117 millones 756 mil 786 pesos, el de Michoacán 698 millones 816 mil 271 pesos y el de Hidalgo 190 mil 472 millones de pesos de forma indirecta a través de las empresas Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic.

A nivel federal también se realizaron pagos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pagó 381 millones 932 mil 681 pesos.