A un año del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, organizaciones civiles que buscan a personas desaparecidas denunciaron que las autoridades no han puesto en marcha medidas estructurales para frenar la captación de adolescentes y jóvenes mediante ofertas de empleo falsas en redes sociales, modalidad que habría servido para atraer a posibles víctimas al predio ligado al crimen organizado. Las denuncias surgieron tras la primera incursión del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en marzo de 2025, cuando encontraro indicios y restos humanos que llevaron a identificar el lugar como un centro de reclutamiento y adiestramiento presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía General de la República confirmó recientemente que el rancho funcionaba como sitio para prácticas de tiro, acondicionamiento físico y entrenamiento de nuevos reclutas del crimen organizado, y reportó la detención de 47 personas vinculadas al caso, con órdenes de aprehensión aún por cumplir. Entre los objetos encontrados en el predio figuran prendas de vestir, elementos balísticos y fragmentos óseos de una persona no identificada, mientras que los trabajos periciales siguen pendientes en más del 60 por ciento, según autoridades.

El colectivo ha insistido en que la captación de víctimas mediante redes sociales representa una “desigualdad algorítmica” que expone a ciertos jóvenes a contenidos y ofertas fraudulentas sin mecanismos eficaces de verificación, y ha pedido mesas de trabajo con plataformas digitales, mecanismos de denuncia y mayores protocolos de prevención. El gobierno federal dijo que mantiene contacto con redes sociales para retirar perfiles y publicaciones ligados a reclutamiento, pero no se han anunciado medidas estructurales adicionales.
Un año del rancho Izaguirre: denuncian falta de medidas contra el reclutamiento de jóvenes por redes sociales.

El caso del rancho Izaguirre desató un debate nacional sobre el uso de redes sociales por parte del crimen organizado para atraer y preparar a jóvenes con promesas de empleo, así como sobre la respuesta de instituciones encargadas de investigar desapariciones y crimen organizado en México, donde colectivos y familiares de víctimas han demandado explicaciones más amplias y acciones concretas.