Un contrato de espionaje firmado por el gobierno de Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles Conejo abrió una cadena de vínculos que hoy conecta recursos públicos, empresas privadas, tecnología de vigilancia, transferencias inmobiliarias en Estados Unidos y una investigación federal que derivó en la detención del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

La información surge de documentos oficiales, contratos obtenidos vía transparencia, registros inmobiliarios en Florida y expedientes corporativos revisados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El contrato

En febrero de 2017, el gobierno de Michoacán adjudicó de manera directa un contrato a la empresa Integra Software SA de CV para prestar servicios de monitoreo y actualización de direcciones IP en todo el territorio estatal. El contrato fue firmado por Carlos Maldonado Mendoza, entonces secretario de Finanzas, y autorizado por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las cláusulas, la empresa debía instalar doce terminales y pantallas de vigilancia, operar los 365 días del año, las 24 horas, y dar seguimiento a lo que el propio documento denomina “objetivos estratégicos de inteligencia financiera”. El monto total del contrato ascendía a 34.7 millones de dólares, equivalentes a más de 600 millones de pesos al tipo de cambio promedio del periodo.

El gobierno estatal reservó el nombre del administrador de la empresa contratada. Sin embargo, una copia sin testar del contrato fue exhibida en noviembre de 2021 por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la que se aprecia que Raúl García Palacios firmó como administrador único de Integra Software.

La tecnología

Aunque la contratación fue justificada como un sistema “único en el mundo”, la investigación de MCCI documenta que la tecnología utilizada correspondía en realidad al malware de espionaje NightHawk, desarrollado por la firma israelí NSO Group, conocida internacionalmente por el software Pegasus.

NightHawk es descrito por sus desarrolladores como una plataforma avanzada de recopilación de inteligencia destinada a agencias de seguridad para localizar, monitorear y analizar información sensible. Distintos reportes han documentado que este tipo de herramientas ha sido utilizado para espiar a opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.

Aunque no existen registros de Álvarez Puga como accionista directo de Integra Software, la revisión de sociedades vinculadas muestra que García Palacios ocupó cargos en empresas y fundaciones relacionadas con él, incluida la Fundación Álvarez Puga.

El rancho en Florida

En paralelo al contrato de espionaje, los registros del condado de Palm Beach, Florida, documentan una operación inmobiliaria relevante. En 2019, Álvarez Puga adquirió un rancho de más de 15 mil metros cuadrados en Wellington, una de las zonas ecuestres más exclusivas del estado, por 4.9 millones de dólares. La propiedad cuenta con caballerizas, pista de equitación, seis potreros, alberca techada y siete habitaciones con acabados de lujo.

En agosto de 2022, ocho meses después de que el gobierno de Michoacán denunciara públicamente el contrato de espionaje, la empresa 4985 Stables LLC, utilizada por Álvarez Puga para adquirir el inmueble, cedió los derechos de la propiedad a Raik Holdings Corp., compañía presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, ex funcionario de la Secretaría de Finanzas de Michoacán durante el gobierno de Aureoles.

La operación se realizó mediante un quitclaim deed, una figura legal del derecho inmobiliario estadounidense que permite transferir derechos de propiedad sin compraventa y sin dejar rastro financiero.

Posteriormente, la propiedad fue vendida en 7 millones de dólares.

La investigación penal

En México, de acuerdo con información del diario Reforma, fuentes federales confirmaron la existencia de una investigación por un presunto centro de espionaje, en la que se aseguraron equipos tecnológicos y archivos con llamadas intervenidas ilegalmente. Sin embargo, ni la Fiscalía General de la República ni el gobierno federal informaron públicamente en qué derivó la indagatoria.

En julio de 2022, cuando ya existía una orden de captura en su contra, Álvarez Puga solicitó sin éxito asilo al gobierno de Estados Unidos, argumentando persecución política.

En septiembre de 2025, el abogado fue detenido por agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Florida. La detención no estuvo relacionada con el caso de espionaje, sino con una violación migratoria: tras ingresar legalmente a Estados Unidos en enero de 2021, salió a Bahamas antes de que venciera su estancia y reingresó de manera irregular por vía marítima, sin registro migratorio.

Desde diciembre, su nombre dejó de aparecer en el registro público de detenidos de ICE, como reportó el diario El País. Hasta ahora, se desconoce su paradero y su situación jurídica actual.

El estado del caso

El expediente conecta un contrato público de espionaje, una empresa privada, tecnología de vigilancia, transferencias patrimoniales en el extranjero y funcionarios de alto nivel del gobierno de Michoacán. Todos los elementos están sustentados en contratos, registros oficiales y documentos públicos.

Las investigaciones penales, tanto en México como en Estados Unidos, continúan sin resoluciones públicas definitivas.