La Fiscalía General del Estado de Michoacán vive una de sus transformaciones más amplias desde que obtuvo autonomía. Una nueva ley aprobada por el Congreso local redibuja su estructura interna con la creación de cinco vicefiscalías especializadas y la rotación obligatoria de mandos. El objetivo oficial: prevenir la corrupción, romper redes de poder y profesionalizar la investigación criminal. El costo: un incremento inevitable en el presupuesto de 2026.

“Va a impactar el presupuesto, hay que valorarlo; son observaciones válidas que tenemos que tomar en cuenta. Nos lo tendrá que decir Finanzas y es algo que se tiene que resolver”, reconoció el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La reforma, impulsada en medio de una Fiscalía presionada por resultados y cuestionamientos internos, elimina la figura de los fiscales coordinadores y crea cinco vicefiscalías con especialización en Inteligencia e Investigación Criminal, Control Interno y Evaluación, Operaciones y Coordinación Territorial, Delitos de Alto Impacto y Derechos Humanos. Cada una operará en un nivel jerárquico superior a las fiscalías regionales, con lo que se espera una cadena de mando más técnica y menos política.

La ley también impone la rotación periódica de cargos, desde fiscales y ministerios públicos hasta policías de investigación y peritos, una medida que busca evitar la formación de grupos enquistados, cerrar espacios a la corrupción y renovar la confianza institucional.

En el Congreso, la norma fue calificada como “vanguardista”. El diputado Martínez Gowman defendió su firma en el dictamen al afirmar que el rediseño busca “fortalecer la procuración de justicia” y que cualquier duda será discutida y perfeccionada en el Pleno.

Aunque la Fiscalía recibió este año más de mil 600 millones de pesos, el rediseño administrativo anticipa una presión mayor sobre las finanzas públicas en 2026. Para el Poder Legislativo, el desafío será equilibrar la apuesta por una Fiscalía más sólida con la responsabilidad de un gasto sustentable.

En un estado donde la impunidad sigue siendo uno de los mayores lastres, la pregunta es si una Fiscalía más cara también será una Fiscalía más eficaz.