Las seis universidades públicas de Madrid realizarán una huelga general los próximos 4 y 5 de noviembre para exigir mayor financiamiento y denunciar lo que consideran una estrategia de debilitamiento de la educación pública por parte del gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

La movilización fue anunciada por la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, integrada por la Universidad de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Carlos III, la Politécnica y la Rey Juan Carlos.

Los convocantes cuestionan el acuerdo plurianual de financiamiento firmado en marzo de 2026 por los rectores de las seis instituciones y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aunque la administración regional lo presentó como un pacto histórico, los colectivos universitarios consideran que no resuelve los problemas presupuestarios del sistema.

Uno de los principales reclamos es que la inversión destinada a las universidades se mantiene en alrededor de 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional, frente al 1 por ciento que, sostienen, establece la legislación española para el financiamiento universitario.

Los trabajadores y estudiantes advierten que la falta de recursos afecta el funcionamiento cotidiano de los centros, las condiciones laborales del personal y la calidad de la enseñanza. También alertan sobre un avance de la privatización que, a su juicio, podría limitar el acceso a la educación superior pública.

Como parte de las acciones previas al paro, los colectivos universitarios anunciaron una concentración para el 28 de octubre frente a la Consejería de Educación. Durante los días de huelga también prevén sacar actividades académicas a espacios públicos bajo la iniciativa “La Uni en la calle”.

El calendario contempla una asamblea ciudadana y una manifestación el 5 de noviembre, con la intención de sumar a otros sectores sociales a sus demandas de financiamiento y defensa de la educación pública.

La protesta universitaria se suma a las movilizaciones de docentes de educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional en la región, quienes mantienen sus propias acciones para exigir mejoras en las condiciones del sistema educativo.

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido el acuerdo de financiamiento y rechazado que exista una justificación económica para la huelga. La administración sostiene que los recursos pactados se están entregando conforme a lo establecido.

El conflicto mantiene enfrentados al gobierno regional y a los sectores universitarios, que exigen cambios en la política presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las seis instituciones públicas.