Uruapan ha vivido días en los que la política se tiñó de confrontación. La clausura del teleférico, convertida en símbolo de resistencia municipal, tensó al máximo la relación con el gobierno estatal y expuso la fragilidad de la seguridad en la segunda ciudad más poblada de Michoacán. En ese clima áspero, marcado por reproches cruzados y celebraciones patrias suspendidas, este jueves los dos gobiernos finalmente se reunieron para intentar poner orden a la crisis.

En la mesa estuvieron el fiscal general Carlos Torres Piña, el secretario de Gobierno Raúl Zepeda y el alcalde Carlos Manzo. Los acuerdos alcanzados se estructuraron en cinco puntos clave. Primero, acelerar las investigaciones para capturar a los responsables del asesinato de un policía municipal ocurrido el fin de semana, un compromiso que coloca el caso en la agenda prioritaria de la Fiscalía General del Estado. Segundo, instalar filtros de seguridad permanentes en los accesos a Uruapan con participación federal, estatal y municipal, una medida que busca contener la movilidad de grupos criminales, aunque su efectividad dependerá de que se mantenga en el tiempo y no quede en operativos esporádicos. Tercero, garantizar la continuidad de la inversión pública prometida, con lo cual la mesa trasladó parte de la negociación hacia el terreno del desarrollo local, no solo a la contención de la violencia. Cuarto, la atención directa del fiscal en Uruapan, una decisión atípica que compromete personalmente al titular de la institución y eleva el costo político de cualquier incumplimiento. Quinto, establecer mesas de seguimiento semanal, un mecanismo de evaluación periódica que institucionaliza la presión y obliga a reportar avances de forma constante, aunque corre el riesgo de vaciarse de contenido si no se traduce en resultados concretos.

Manzo no dejó margen a la ambigüedad. Reconoció la intervención del Ejército en Caltzontzin, donde fueron abatidos presuntos agresores vinculados con ese ataque, como un gesto de respaldo. Pero fue enfático en su advertencia: el teleférico seguirá suspendido hasta que esos acuerdos se cumplan, y si no se cumplen, su administración recurrirá a acciones de resistencia civil.

Aunque habló de mantener una relación institucional y de respeto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente municipal marcó con claridad la línea de tensión: la seguridad de Uruapan no será materia de discursos, sino de resultados verificables.

La verdadera medida de la reunión no está en lo que se acordó, sino en la capacidad de traducir compromisos en resultados verificables. Al condicionar la continuidad del teleférico a la seguridad, el municipio colocó sobre la mesa una exigencia legítima, pero también rebasó sus atribuciones al clausurar una obra de competencia estatal. Ese gesto, aunque políticamente eficaz, revela el riesgo de que la confrontación derive en extralimitaciones jurídicas. Lo que está en juego no es solo un proyecto urbano, sino la capacidad de que municipio y estado se muevan dentro de la legalidad al enfrentar una crisis que desborda a ambos.