Con una votación de 20 a favor y 11 en contra, el Parlamento de Uruguay aprobó la Ley de Muerte Digna, convirtiéndose en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia a través de una norma aprobada por su Congreso.

“Uruguay vuelve a estar a la vanguardia”, expresó la senadora Constanza Moreira tras la histórica decisión que reafirma el carácter laico del país y su tradición de respeto a las libertades individuales. La ley establece un marco jurídico para garantizar el derecho de las personas a morir de manera digna, indolora y respetuosa de su voluntad.

De acuerdo con el texto aprobado, cualquier persona mayor de edad, mentalmente competente, que atraviese una enfermedad incurable o un sufrimiento físico o psíquico irreversible, podrá solicitar la eutanasia. La petición deberá realizarse por escrito ante un médico, quien evaluará las condiciones del paciente, ofrecerá información sobre alternativas terapéuticas y cuidados paliativos, y documentará el proceso en la historia clínica.

El procedimiento incluye la intervención de un segundo profesional médico, que deberá emitir su opinión en un plazo máximo de cinco días. En caso de discrepancia entre ambos especialistas, una junta médica será la encargada de decidir. Además, tanto el paciente como los médicos cuentan con el derecho de desistir o plantear objeción de conciencia en cualquier momento.

La iniciativa fue impulsada por legisladores del Frente Amplio y contó con el apoyo parcial de miembros del Partido Nacional y del Partido Colorado, evidenciando un consenso transversal poco común en temas éticamente sensibles.

Aunque Colombia y Ecuador ya permiten la eutanasia mediante fallos judiciales, Uruguay se convierte en el primero en aprobar una ley formal al respecto. En contraste, países como Argentina solo permiten rechazar tratamientos, mientras que en Brasil la eutanasia sigue tipificada como homicidio.

Según una encuesta de la consultora Cifra, el 62 % de la población uruguaya respalda la eutanasia, frente a un 24 % que se opone. Para muchos, la aprobación de esta ley coloca nuevamente al país de 3.4 millones de habitantes en la vanguardia regional en materia de derechos humanos, libertad individual y autonomía sobre el final de la vida.