El Vaticano publicó su primer informe sobre protección de menores en la Iglesia, elaborado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

El documento, que se presenta como una “primera etapa”, subraya la necesidad de agilizar la destitución de sacerdotes acusados de pedocriminalidad y fortalecer el acompañamiento a las víctimas.

La Comisión, creada en 2014 por el Papa Francisco e integrada en la Curia en 2022, tiene la misión de asesorar a la Iglesia en la implementación de medidas efectivas para proteger a los niños y a adultos vulnerables.

El presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley, destacó en el informe la importancia de “verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales” como fundamentos del trabajo de la Iglesia.

La consulta con líderes religiosos y fieles de varios continentes reveló que el acceso a la verdad es la máxima prioridad para las víctimas; lo que incluye el derecho a estar informadas sobre el paradero de sus agresores y las acciones tomadas al respecto.

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Entre las recomendaciones formuladas, se sugiere la creación de un defensor del pueblo que garantice transparencia en las investigaciones y procesos eclesiásticos.

Asimismo, se propone establecer una “definición más uniforme de la vulnerabilidad”, tomando en cuenta los testimonios de las víctimas para una mejor comprensión del problema.

El informe también enfatiza la necesidad de agilizar los “procedimientos de destitución” para aquellos responsables eclesiásticos acusados de abusos, aunque no se ha especificado si estos procedimientos deben iniciarse ante sospechas, denuncias o tras el cierre de procesos judiciales.

Sin embargo, el documento reconoce que existen disparidades culturales y barreras administrativas en diferentes regiones; por ejemplo, en México, las “importantes barreras culturales” obstaculizan el imperativo de denunciar la violencia sexual, constituyendo un serio impedimento para lograr justicia.