El gobierno de Estados Unidos anunció que su fuerza militar destruyó una lancha en el mar Caribe que, según la Casa Blanca, transportaba narcóticos y dejó 11 fallecidos; el presidente Donald Trump difundió un video de la operación y declaró que “literalmente hace unos minutos disparamos a un barco…”.

Desde Caracas, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, sostuvo que la versión oficial es un “invento” y expuso lo que llamó múltiples “incongruencias”: discrepancias entre la hora relatada y las imágenes (que muestran una operación nocturna), diferencias en la proa en distintos fotogramas, conteo de personas que no coincide con lo anunciado y ausencia visible de cargamento. Cabello cuestionó además la supuesta ruta y autonomía de la embarcación.

En respuesta institucional, el presidente Nicolás Maduro anunció la activación operativa de las llamadas Unidades Comunales de Milicia (UCM) en todo el país, en lo que describió como el “primer ciclo de movilización” para la defensa nacional.

La convocatoria abarcaría miles de circuitos comunales y, según cifras oficiales difundidas por el Ejecutivo, involucra a millones de alistados y a bases populares de defensa asociadas a los centros electorales.

En el plano diplomático, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rechazó los informes de la ONU que relativizan la participación de Venezuela en el tráfico regional de drogas y defendió las acciones estadounidenses en la región; su postura ha tensado aún más la relación bilateral.

Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, manifestaron “profunda alarma” por el ataque y exigieron una investigación “inmediata, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente”, al considerar que el uso letal de la fuerza en este contexto plantea serias dudas sobre su legalidad y proporcionalidad.

La mezcla de acusaciones, videos difundidos por la Casa Blanca y contra-argumentos de dirigentes chavistas dejó en evidencia la pugna por la narrativa sobre el suceso.

Analistas y actores regionales advierten que, más allá del episodio puntual, la escalada verbal y los despliegues militares podrían complicar la situación en el Caribe y exigir claridad y rendición de cuentas de las partes involucradas.