El Gobierno de Venezuela calificó como una “medida arbitraria, ilegal y desesperada” la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 25 % a los países que comercien con hidrocarburos venezolanos.

A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, Caracas rechazó categóricamente la sanción y aseguró que esta solo confirma el fracaso de las restricciones impuestas por Washington en la última década.

El documento también responsabiliza a sectores de la oposición ultraderechista de promover estas sanciones con el objetivo de desestabilizar al país.

Sin embargo, el Gobierno venezolano insistió en que estas estrategias han fallado porque la nación es soberana y porque su pueblo ha resistido con dignidad. Asimismo, advirtió que las nuevas restricciones buscan socavar el desarrollo del país a través de medidas coercitivas.

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Las autoridades venezolanas denunciaron que la medida impuesta por Estados Unidos viola normas internacionales de comercio, en especial aquellas que prohíben la discriminación entre socios comerciales y la imposición de barreras encubiertas.

En este sentido, anunciaron que llevarán el caso ante organismos internacionales para exigir el respeto a sus derechos y denunciar lo que calificaron como una agresión contra el orden económico mundial.

Mientras tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) informó sobre la extensión de la licencia que permite a la petrolera Chevron operar en Venezuela hasta el 27 de mayo.

Según la entidad, esto busca un cierre gradual de las operaciones previamente autorizadas. No obstante, la incertidumbre persiste en el sector energético tras la imposición de nuevas sanciones por parte de la Casa Blanca.