Decenas de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein reportaron amenazas, hostigamiento e intimidaciones después de que documentos relacionados con las investigaciones del caso fueran divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las afectadas señalaron que la exposición de datos personales en expedientes judiciales y administrativos incrementó los riesgos para su seguridad. Entre los incidentes denunciados se encuentran amenazas de muerte, mensajes intimidatorios en redes sociales, difusión de información privada, vigilancia de domicilios y campañas de desprestigio en internet.

Algunas de las mujeres afirmaron que el acoso se intensificó tras la publicación de documentos en los que aparecían nombres, direcciones, números telefónicos y otros datos que, según sus representantes legales, debieron permanecer protegidos. Varias víctimas señalaron que los ataques también han alcanzado a familiares, incluidos hijos menores de edad.

El Departamento de Justicia reconoció que se produjeron errores durante el proceso de censura de algunos archivos y aseguró que realizó correcciones una vez que fueron notificadas las inconsistencias. No obstante, abogados que representan a denunciantes sostienen que parte de la información sensible permaneció accesible durante semanas e incluso meses antes de ser retirada.

Las mujeres afectadas indicaron que el hostigamiento ha provocado consecuencias emocionales y cambios significativos en su vida cotidiana. Algunas reforzaron medidas de seguridad en sus hogares, mientras que otras optaron por limitar sus actividades públicas debido al temor de sufrir agresiones.

El caso Epstein continúa generando repercusiones años después de la muerte del financiero estadounidense en una cárcel de Nueva York en 2019, mientras enfrentaba cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores. Su colaboradora, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2021 por su participación en una red de explotación sexual.

A través de fondos de compensación y acuerdos judiciales, más de 200 víctimas han recibido indemnizaciones millonarias. Sin embargo, diversas organizaciones y representantes legales sostienen que la protección de la identidad y seguridad de las denunciantes sigue siendo una de las principales preocupaciones derivadas de la difusión de los expedientes relacionados con el caso.