Víctimas de distintos hechos delictivos en Michoacán denunciaron la persistencia de la violencia, la impunidad y la omisión de las autoridades estatales y federales, durante una rueda de prensa realizada en la capital del estado, en la que estuvieron acompañadas por dirigentes del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Uno de los testimonios que mayor impacto causó fue el de un hombre que narró el asesinato de su hijo y su nuera, cuyos cuerpos aseguró fueron incinerados por sus agresores. Entre lágrimas, exigió justicia y una respuesta efectiva de las autoridades, al señalar que el dolor de las víctimas suele quedar relegado cuando no se trata de figuras públicas o actores políticos.

Los denunciantes afirmaron que los homicidios y otros crímenes continúan sin una estrategia de seguridad efectiva, ya que en muchas regiones no se instalan bases operativas ni se realizan acciones contundentes, lo que propicia un clima de violencia cotidiana en Morelia y otras zonas del estado.

Durante el encuentro con medios, en el que participó el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, también se expusieron denuncias relacionadas con amenazas, atentados y tala ilegal en comunidades como Villa Madero, Jesús del Monte y zonas colindantes con Tzitzuo, así como en otras localidades del municipio de Morelia.

Un integrante de comités ambientales relató que el pasado 6 de noviembre fue víctima de un atentado criminal en el canal de Madero, luego de haber denunciado durante meses la devastación del bosque y la extracción ilegal de madera, sin que hasta ahora exista una intervención efectiva por parte de las autoridades.

El denunciante señaló directamente a Ramón García y a su hijo Edwin Ramón García como presuntos responsables de actividades ilícitas en la región y de actos de intimidación, incluyendo amenazas para impedirle el acceso a propiedades familiares. Indicó que, aunque la intervención de la Guardia Civil municipal evitó recientemente un enfrentamiento, posteriormente recibió mensajes intimidatorios que incrementan el riesgo para su integridad.

Asimismo, los participantes advirtieron que muchas denuncias no prosperan debido al miedo de las víctimas o a la falta de seguimiento institucional, por lo que exigieron a la Fiscalía General del Estado la emisión de dictámenes y el fincamiento de responsabilidades. También alertaron sobre la presunta instalación de laboratorios clandestinos y la devastación de zonas boscosas, lo que representa un grave riesgo ambiental y social.

Finalmente, los asistentes exigieron a la Fiscalía y a los gobiernos estatal y federal acciones inmediatas para frenar la violencia, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia en Michoacán, al señalar que la problemática no puede seguir siendo ignorada.