La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) presentó su balance de actividades del 2025, destacando la ejecución de 220 inspecciones en Michoacán para frenar el impacto ecológico. Del total de operativos, 115 se activaron gracias a denuncias ciudadanas, mientras que 105 se realizaron por iniciativa propia de la autoridad. La participación de la gente fue clave este año, concentrándose la mayor cantidad de reportes en Morelia con 50 casos, Zacapu con 23 y Paracho con cuatro, seguidos por Sahuayo y Chilchota.

Entre los problemas más denunciados destacaron la mala disposición de residuos, la construcción de fraccionamientos sin permisos, la operación de bancos de arena y la tala ilegal. Para dar seguimiento a estos casos, la dependencia elaboró 113 dictámenes técnico-jurídicos y evaluó 59 estudios de daño ambiental. Como resultado de estos procesos, se iniciaron 29 procedimientos administrativos que derivaron en multas por un total de 1 millón 988 mil 963 pesos, recursos destinados a compensar las afectaciones en el ecosistema estatal.

Una de las innovaciones más importantes de este año fue el esquema de conmutación de multas, el cual permite que los infractores transformen sus sanciones económicas en obras de conservación dentro de Áreas Naturales Protegidas. Además, la Proam trabajó de la mano con los ayuntamientos para mejorar la gestión de los basureros municipales y colaboró con las Mesas de Paz de la Secretaría de Gobierno. Esta alianza con las corporaciones de seguridad permitió optimizar la respuesta ante delitos ambientales, asegurando que el desarrollo urbano y comercial de Michoacán no se realice a costa de sus recursos naturales.