Las medidas de vigilancia, control del espacio público y despliegue policial utilizadas durante el Mundial 2026 podrían mantenerse después del torneo, advirtieron organizaciones defensoras de derechos humanos al presentar un informe sobre las afectaciones registradas en México.

El documento analiza Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas, y señala patrones de represión y estigmatización de la protesta, restricciones al espacio público, control territorial y ampliación de capacidades de vigilancia.

Entre el 1 y el 30 de junio, las organizaciones documentaron 50 registros correspondientes a 21 episodios de protesta. En 40 se constató presencia de agentes estatales y 18 de las movilizaciones fueron en Ciudad de México. Las familias buscadoras enfrentaron encapsulamientos, mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron objeto de intervenciones de mayor intensidad.

En Jalisco, el informe señala que el presupuesto relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas aumentó 172.68%. Sin embargo, más de 90% del incremento se concentró en el C5 y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. El presupuesto del C5 pasó de 6.8 millones de pesos en 2025 a mil 345 millones en 2026, destinados principalmente a videovigilancia y tecnologías de monitoreo.

El reporte también registró afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas y 11 agresiones contra mujeres periodistas durante el torneo. Además, documentó hostigamiento contra personas en situación de calle y medidas de reordenamiento urbano que afectaron a poblaciones indígenas, colonias populares y familias buscadoras.

Las organizaciones cuestionaron que no exista claridad sobre cuándo concluirán algunas medidas de seguridad implementadas durante el Mundial y advirtieron sobre el riesgo de que mecanismos extraordinarios de vigilancia y control sean incorporados de manera permanente a las políticas de seguridad.