Luego de una audiencia de más de 22 horas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, Carlos Maldonado Mendoza y otros tres exfuncionarios de Silvano Aureoles Conejo fueron vinculados a proceso.
Los cuatro permanecerán en prisión preventiva oficiosa por los próximos meses mientras continúan las investigaciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta de recursos.
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La jueza de Control, Patricia Sánchez, desechó los datos de prueba presentados por la defensa con los que se pretendía librar a Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda.
Entre las pruebas presentadas por los procesados, destacaron peritajes de grafología donde buscaron deslindarse de sus firmas en los contratos con empresas inmobiliarias.
Los datos de prueba presentados por la FGR en torno al daño al erario fueron aceptados por la jueza de control en la maratónica audiencia.
¿Quiénes son los exfuncionarios de Aureoles?
Carlos Maldonado Mendoza
Exsecretario de Finanzas y Administración (2015-2021). Se encargaba del manejo de los recursos estatales y habría autorizado transferencias irregulares. Fue detenido en un aeropuerto en Estados Unidos y extraditado a México.
Mario Delgado Murillo
Exdelegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública (2019-2021). Responsable de la administración financiera dentro de la corporación policial, presuntamente participó en la distribución de los fondos desviados.
Elizabeth Villegas Pineda
Exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (periodo no especificado). Se desempeñaba en el área de administración y finanzas, con posible implicación en la gestión de los recursos desviados.
Antonio Bernal Bustamante
Exsecretario de Seguridad Pública (2017-2019). Responsable de las estrategias de seguridad en el estado, está acusado de autorizar contratos irregulares en la construcción de los cuarteles policiales.
Además, la Fiscalía de Michoacán giró una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó de 2015 a 2021 y es señalado por el presunto desvío de 5 mil 186 millones de pesos durante su administración.
Silvano Aureoles y el millonario desfalco que sacude a Michoacán
Mientras la retórica política se llena de discursos sobre transparencia y combate a la corrupción, en el terreno de los hechos, la impunidad sigue tejiendo su red en las estructuras de poder. Esta vez, el escándalo sacude a Michoacán con la vinculación a proceso de cuatro excolaboradores del exgobernador Silvano Aureoles, acusados de participar en un esquema de desvío de recursos públicos que dejó un agujero financiero de más de tres mil 412 millones de pesos.
El caso, que ha sido calificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como un “desfalco masivo”, involucra a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia.
La jueza de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, determinó la vinculación a proceso tras una maratónica audiencia de 22 horas, en la que se analizaron más de 100 pruebas presentadas por la FGR y las defensas de los imputados.
Los exfuncionarios fueron vinculados a proceso por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, delitos que, en conjunto, reflejan una trama de corrupción que operó a lo largo de seis años, entre 2015 y 2021.
Una obra pública convertida en negocio privado
El epicentro del fraude fue la adjudicación directa de contratos a la empresa Inmobiliaria DIP, encargada de construir y administrar siete cuarteles para la Policía Preventiva de Michoacán en municipios estratégicos como Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Lo que en teoría sería una inversión para la seguridad del estado, en la práctica se convirtió en un esquema de simulación de contratos, sobrecostos y pagos indebidos.
Los contratos originales contemplaban la renta de los inmuebles, pero con el paso del tiempo la empresa no solo obtuvo contratos de mantenimiento y limpieza (servicios que la FGR sostiene que jamás se realizaron), sino que, en 2020, el propio Silvano Aureoles autorizó la compra de los edificios con un evidente sobreprecio. Dicho de otra manera: el gobierno pagó por algo que ya estaba rentando, con dinero que debería haber sido destinado a mejorar la seguridad pública.
A pesar de que la empresa recibió el dinero, las obras quedaron inconclusas o mal hechas, lo que llevó al actual gobierno michoacano a exigir la reparación del daño. El problema es que los cuarteles que debían fortalecer la seguridad del estado se convirtieron en un símbolo del abandono institucional y de la colusión entre autoridades y empresarios.
¿Un acuerdo reparatorio a modo?
En noviembre de 2024, la Inmobiliaria DIP intentó un giro inesperado: firmó un acuerdo con el gobierno de Michoacán en el que se comprometía a devolver 900 millones de pesos como reparación del daño. La defensa de los exfuncionarios imputados intentó usarlo como argumento para que la jueza desestimara los cargos en su contra, bajo la lógica de que si la empresa ya estaba pagando, no habría delito que perseguir.
Sin embargo, la Contraloría de Michoacán, presente en la audiencia, desmontó la estrategia al señalar que la empresa no ha cumplido con lo estipulado en el acuerdo, lo que deja en el aire no solo el pago, sino la posibilidad de que los responsables enfrenten verdaderas consecuencias. Más aún, fuentes federales revelaron que, en plena negociación del acuerdo, la empresa reclamó al gobierno un adeudo de mil 400 millones de pesos, lo que sugiere que lejos de asumir su responsabilidad, aún pretende cobrarle al estado por obras inconclusas.
¿Justicia real o un capítulo más de la impunidad?
Mientras tres de los imputados buscan que la jueza revoque la prisión preventiva, Carlos Maldonado Mendoza permanecerá en prisión preventiva oficiosa en Santa Martha Acatitla por razones de salud, un desenlace que contrasta con la situación de su exjefe, Silvano Aureoles, cuyo paradero sigue siendo incierto. Hasta ahora, el exgobernador no ha sido detenido ni ha rendido cuentas, lo que despierta sospechas sobre si el proceso judicial alcanzará a los niveles más altos de responsabilidad.
El caso de los cuarteles fantasma en Michoacán es un reflejo del mecanismo con el que durante décadas se han saqueado las arcas públicas: contratos a modo, empresas afines a gobiernos en turno y sobrecostos millonarios que terminan beneficiando a unos pocos mientras la ciudadanía paga las consecuencias.
La gran incógnita es si este escándalo marcará un precedente real o si, como tantos otros casos de corrupción en México, terminará diluyéndose entre acuerdos políticos, juicios eternos y una impunidad estructural que sigue protegiendo a los poderosos.
Defendiendo lo indefendible
Durante la maratónica diligencia, los abogados de los imputados presentaron peritos en grafología, lavado de dinero, oficios y pólizas para intentar desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, fueron desechadas.
Como era de esperarse, la defensa de los distintos implicados intentó argumentar falsificación de firmas, intento de deslinde de atribución responsabilidades, negativa de malversación. Argumentos desechados la jueza Patricia Sánchez Nava, quien vinculó a proceso a los excolaboradores de Silvano Aureoles, quienes permanecerán presos, y concedió a la Fiscalía General de la República un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Silvano Aureoles: una vida de escándalos, excesos, corrupción y crímenes
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha sido una figura envuelta en múltiples escándalos de corrupción y delitos graves a lo largo de su trayectoria política.
Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia, mientras que varios de sus excolaboradores han sido detenidos por su presunta participación en irregularidades durante su administración.
Masacre de Arantepacua
Uno de los casos más polémicos es la masacre de Arantepacua en 2017, donde la policía estatal, por orden de Aureoles, reprimió violentamente a comuneros que defendían sus tierras, resultando en la muerte de cuatro personas y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Belinda y los helicópteros
Además, se le acusa de malversar recursos públicos, como en el caso del uso indebido de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública para transportar a la cantante Belinda en 2016. En el marco de la gira que sostuvo el Papa Francisco en Michoacán.
Presunto financiamiento ilegal a LatinUS
Aureoles Conejo presuntamente desvío de más de cuatro mil 500 millones de pesos destinados a la salud para financiar el medio LatinUS.
Recursos que habían sido etiquetados para el Instituto de Salud para el Bienestar.
Otros señalamientos incluyen la propiedad del rancho La Joya, donde se hallaron grandes sumas de dinero y bóvedas blindadas.
La orden de cateo se emitió por un presunto secuestro, sin embargo, previo al operativo presuntamente hubo una filtración de información, ya que minutos antes de que se realizara el cateo, se reportó la salida de varios vehículos presuntamente blindados.
Cuarteles de plástico
Durante su administración, Silvano Aureoles Conejo construyó cuarteles de seguridad con materiales deficientes, a pesar del millonario presupuesto asignado.
Los cuarteles fueron edificados en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
Silvano inhabilitado
En 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán inhabilitó a Aureoles tras no presentar su declaración patrimonial, lo que habría evidenciado enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.
Estos hechos han generado múltiples investigaciones en su contra y, como resultado, una orden de aprehensión.
A pesar de ello, el exgobernador continúa prófugo, mientras las autoridades avanzan en las indagaciones sobre su presunta responsabilidad en actos de corrupción y abuso de poder.
Así era el búnker de Silvano Aureoles
El exgobernador Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por presunto desvío de recursos destinados a la construcción de cuarteles policiales.
Durante su administración (2015-2021), Aureoles habitó en la Casa de Gobierno de Michoacán, donde se acondicionó una habitación conocida como “El Búnker”.
Ese espacio contaba con muros y ventanas blindadas, un pasadizo secreto que funcionaba como ruta de escape, un spa con jacuzzi y baños sauna, así como un gimnasio privado.
Además, se ha reportado que durante su gestión se construyeron cuarteles policiales que incluían casas totalmente blindadas y equipadas con lujos para las visitas del exmandatario.
Estas edificaciones, que debían servir para mejorar la infraestructura de seguridad en el estado, están ahora bajo escrutinio debido a las acusaciones de desvío de fondos.
El 1 de marzo, cuatro exfuncionarios de su gobierno fueron detenidos por su presunta participación en el desvío de recursos destinados a estos los proyectos de los cuarteles.
Entre los detenidos se encuentra el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, quien fue arrestado en un aeropuerto en Estados Unidos y extraditado a México.
La Fiscalía de Michoacán continúa las investigaciones para esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar la responsabilidad de los involucrados.