El exgobernador de Baja California y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali.

Durante la audiencia inicial celebrada este jueves, un juez del Sistema de Justicia Acusatorio determinó imputarle los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La autoridad judicial consideró que existen elementos para señalarlo como coautor y que habría actuado con dolo en decisiones que derivaron en la firma del contrato.

El convenio firmado durante su administración comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante un periodo de 30 años, lo que representaba un desembolso total cercano a 35 mil millones de pesos, recursos que serían garantizados con participaciones federales.

Además, el gobierno estatal realizó una inversión inicial de mil 300 millones de pesos como garantía para la puesta en marcha del proyecto de generación de energía solar.

De acuerdo con el expediente judicial, antes de la vinculación a proceso la institución financiera Banca Afirme aplicó una primera quita relacionada con una obra que no llegó a construirse, elemento que añadió un componente financiero relevante a la investigación.

Las indagatorias buscan establecer la responsabilidad del exmandatario en la contratación y ejecución del proyecto energético, así como el posible impacto de estas decisiones sobre las finanzas estatales.

El proceso judicial se desarrolla en medio de un mayor escrutinio a contratos públicos y a la transparencia en proyectos de infraestructura energética, particularmente por el monto comprometido y las implicaciones presupuestales.