La justicia de Baja California vinculó a proceso a Roxana “N” por su probable responsabilidad en la muerte de su hijo Vicente, un niño de tres años que falleció tras permanecer más de 12 horas encerrado dentro de una camioneta en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali.

La resolución fue emitida durante la madrugada de este domingo 10 de mayo por un juez de control, luego de una audiencia que se prolongó cerca de 16 horas. La mujer enfrentará el proceso penal por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, figura jurídica que implica que la acusada habría conocido el riesgo mortal y aun así no actuó para evitarlo.

De ser encontrada culpable, Roxana “N” podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

La defensa solicitó reclasificar el caso como homicidio culposo, al sostener que la mujer no actuó con intención y atravesaba un deterioro emocional severo. Sin embargo, el juez consideró que existen elementos suficientes para mantener la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, el menor permaneció atrapado dentro del vehículo durante más de 12 horas bajo temperaturas superiores a los 45 grados Celsius. Los peritajes indicaron que el niño sufrió quemaduras de primer grado y lesiones provocadas presuntamente al intentar escapar.

La fiscalía sostiene que, mientras el menor permanecía encerrado, Roxana “N” continuó dentro de su domicilio consumiendo bebidas alcohólicas y realizando publicaciones en TikTok e Instagram.

Uno de los puntos centrales de la defensa será la posible aplicación del llamado “síndrome del niño olvidado”, una condición relacionada con fallos cognitivos derivados de estrés extremo, agotamiento mental o alteraciones emocionales, que puede provocar que padres o cuidadores olviden involuntariamente a menores dentro de vehículos.

Los abogados de la imputada argumentaron que la mujer habría sufrido una pérdida temporal de memoria y consciencia el día de los hechos. También señalaron que vivía en un entorno marcado por violencia familiar, problemas económicos y afectaciones emocionales previas.

Durante la audiencia se informó además que el padre del menor, Juan Carlos Meza Beltrán, enfrenta una vinculación a proceso por violencia familiar y diversas investigaciones por presuntas agresiones físicas y psicológicas contra la acusada.

Pese a ello, la Fiscalía de Baja California sostuvo que las pruebas reunidas permiten presumir una responsabilidad penal suficiente para mantener la medida de prisión preventiva justificada.