Mientras continúan las actividades del Salsa Fest en el municipio de Boca del Río, organizaciones, familiares y integrantes del gremio periodístico mantienen las exigencias de justicia por los asesinatos y desapariciones de comunicadores registrados en Veracruz durante la actual administración estatal.

La presión aumentó tras el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, ocurrido el pasado 11 de junio en Poza Rica. El comunicador, especializado en información policiaca y colaborador de medios regionales, fue atacado por hombres armados cuando circulaba por una vialidad de la ciudad. López Valdez contaba con medidas de protección debido a amenazas previas relacionadas con su labor periodística.

El caso se convirtió en el tercer homicidio de un periodista registrado en Veracruz durante la administración de la gobernadora Rocío Nahle. Previamente fueron asesinados la fotoperiodista Avisack Douglas Coronado durante un ataque armado en mayo de 2025 y el reportero policiaco Carlos Castro en enero de 2026, ambos hechos ocurridos en distintos puntos de la entidad.

A estos homicidios se suman las desapariciones de los comunicadores Miguel Ángel Anaya Castillo y Roxana Guzmán Ramírez. En el caso de Guzmán Ramírez, propietaria de un medio digital en Nanchital, la Fiscalía General de la República atrajo recientemente la investigación tras su privación de la libertad ocurrida a principios de junio. Hasta ahora se desconoce su paradero.

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido sobre el incremento de riesgos para el ejercicio periodístico en Veracruz. Registros de organismos especializados ubican a la entidad como una de las más peligrosas para la prensa en México, con más de tres decenas de asesinatos de periodistas documentados desde el año 2000. La mayoría de estos casos permanece sin sentencia.

Las investigaciones por los homicidios y desapariciones continúan abiertas. Autoridades estatales y federales han señalado que mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras familiares y colegas de las víctimas demandan avances en los casos y garantías para el ejercicio de la labor periodística en la entidad.