La extrema derecha española, representada por el partido Vox, reavivó el discurso antiinmigrante al anunciar un plan de “deportación masiva” dirigido a migrantes en situación irregular e incluso a nacionalizados españoles que reincidan en delitos.

La propuesta surge tras un caso reciente de agresión sexual en Alcalá de Henares atribuido a un ciudadano maliense, lo que ha sido utilizado por Vox para justificar su postura.

Pepa Millán, vocera del partido, declaró que “queremos seguir siendo España” y respaldó la expulsión inmediata de extranjeros ilegales.

Por su parte, la diputada Rocío de Meer denunció que “8 millones de personas” de origen extranjero han llegado en un “muy corto periodo”, lo que, según ella, pone en riesgo la identidad nacional.

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Actualmente, Vox es la tercera fuerza política en España, muy por detrás del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.

Aunque su propuesta no tiene viabilidad legislativa inmediata, ha generado tensión política y social, sobre todo en regiones donde el PP gobierna en alianza con Vox.

El presidente Pedro Sánchez y su gobierno rechazaron firmemente el plan. Sánchez recordó que España “fue tierra de partida” y hoy “es tierra de acogida”, mientras que Pilar Alegría, vocera del Ejecutivo, subrayó que “esto no va a suceder”.

Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la normalización de discursos de odio y llamaron a fortalecer las políticas de integración.